Rebeldía Bolivia, Boletín Informativo: Bloqueo Nacional de Caminos Indefinido

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Rebeldía Bolivia

Boletín Informativo

Bloqueo Nacional de Caminos Indefinido

El Movimiento Guevarista de Bolivia, en la máxima de que “La verdad es revolucionaria y la mentira es reaccionaria”, ha decidido orgánicamente romper el cerco mediático alrededor de los últimos conflictos sociales en Bolivia para que no se distorsionen los hechos, no se apañen las justas demandas y reivindicaciones populares y para aportar a la radicalización del Proceso de Cambio hoy atacado y vilipendiado por la vieja y la nueva derecha.

 

  1. Elementos de demanda

A partir de los documentos que se emanaron desde la Gran Marcha para Salvar a Bolivia y posteriormente en el seno del Estado Mayor del Pueblo en el eje central del Bloqueo de Caminos, demandas de esa marcha histórica: 1) Cesar la represión política y sindical. 2) Garantizar la disponibilidad libre de divisas. 3) Apoyo del gobierno y el sistema financiero a los prestatarios del país. 4) Abrogación de decretos que vulneran la propiedad y patrimonio personal. 5) Transparencia sobre la situación de las reservas internacionales. 6) Regulación en la aplicación de protocolos para el uso de biotecnología. 7) Acelerar la industrialización del litio para garantizar recursos fiscales para el Estado. 8) Gestión de acceso a créditos productivos con tasas de interés baja. 9) Rechazo al referéndum inconstitucional e ilegítimo. 10) Respeto y reconocimiento al Congreso del MAS-IPSP que se desarrolló en la localidad de Lauca N, Cochabamba. 11) Respeto a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y otros órganos del Estado. 12) Respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. 13) Respeto a las organizaciones sindicales legítimas y que se detenga la criminalización del movimiento indígena y campesino. Persiste una crítica a las condiciones estructurales de la economía boliviana, observando cómo la crisis económica y política reflejan las contradicciones inherentes al capitalismo:

  • a) Crisis económica y desigualdad de clases: Una crisis económica profunda, donde el aumento en los precios de productos de primera necesidad y la escasez de combustible impactan de forma desproporcionada a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables. Consecuencia del sistema capitalista en el estado nación, donde los problemas de distribución y acumulación de riqueza son estructurales. La inflación y la dependencia de recursos externos muestran cómo el sistema económico nacional depende de un modelo extractivista y de mercado que prioriza el capital por encima de las necesidades sociales.
  • b) Imperialismo económico: La creciente dependencia del gobierno en créditos internacionales y el aumento de la deuda son indicadores de cómo Bolivia sigue vinculada a la lógica de dependencia y subordinación a las instituciones financieras internacionales y a las potencias capitalistas globales. Donde las economías periféricas son empujadas a asumir medidas neoliberales que las atan a relaciones de poder desiguales. Desde esta perspectiva, la deuda externa se convierte en una herramienta de control que mantiene a Bolivia bajo la influencia de países y corporaciones extranjeras, y paradójicamente el gobierno central insiste en la aprobación de créditos como fórmula para resolver las deficiencias económicas.
  • c) Corrupción y descomposición del aparato estatal: La corrupción en el aparato gubernamental y la cooptación de poderes por parte del Ejecutivo, sugieren una falta de autonomía de las instituciones públicas, como un proceso de descomposición del Estado burgués. Este proceso responde a la necesidad del Estado de mantener el control de la clase dominante a través de la represión y la coerción, reflejando la falta de una estructura estatal verdaderamente democrática y proletaria. La corrupción, entonces, no es solo un problema ético, sino un resultado de un sistema diseñado para perpetuar la clase en el poder.
  • d) Represión del Estado y criminalización de la protesta social: El uso de la fuerza policial, los grupos de choque y la judicialización de líderes y movimientos sociales revela el papel del Estado como herramienta de represión contra quienes desafían el statu quo. En este contexto, el Estado sirve para proteger los intereses de la clase gobernante y reprimir cualquier intento de resistencia por parte de las clases explotadas. La criminalización de la protesta social es una estrategia para desmovilizar a los movimientos de resistencia y desarticular la organización de base, un elemento esencial para mantener la hegemonía del capital.
  • e) Fragmentación y falta de organización del proletariado: En la “Agenda para Salvar Bolivia” y el llamado a la movilización popular, se evidencia una desarticulación entre el gobierno y las bases sociales, para enfrentar la crisis, es necesario que el proletariado y las clases subalternas se organicen de manera autónoma y desarrollen una conciencia revolucionaria que les permita actuar colectivamente contra la opresión y explotación del sistema capitalista.
  • f) Contradicciones internas del MAS: El gobierno se ha distanciado de sus bases y ha traicionado sus promesas sociales, optando por políticas neoliberales, una traición a la clase trabajadora por una burguesía burocrática que representa intereses de la élite en el poder, incluso dentro de un proyecto que se autodenomina socialista. Esta contradicción refleja un conflicto entre las aspiraciones revolucionarias de las bases y las decisiones reformistas o neoliberales de ciertos dirigentes y de la burocracia estatal.
  • g) Y el diálogo: Finalmente, la movilización también planteo continuamente el dialogo y hasta la convocatoria a una cumbre con actores económicos, sociales y políticos, un intento de conciliación, en lugar de una estrategia de confrontación. Estas convocatorias han sido respondidas por el gobierno con anuncios y llamados a la desmovilización, que no condicen con el accionar represivo que en paralelo ha ido escalando, hasta la coordinación con grupos paramilitares y el uso de tácticas fascistas.

Lo que pone en evidencia la crisis política del proceso en las contradicciones del gobierno y su accionar represivo, en el marco de una política económica de reformas sin una ruptura con el sistema capitalista.

El escenario de confrontación sin embargo ha ido escalando, y la actualización de posicionamiento sobre los actores movilizados ha derivado en la concentración a un solo pedido, la renuncia a la presidencia de Luis Arce Catacora y convocatoria a elecciones generales.

 

 II. Puntos de Bloqueos (al viernes 25 de octubre 2024)

Se registran hasta 21 puntos de bloqueos, siendo los fijos sobre todo en el departamento de Cochabamba, y esporádicamente según los enfrentamientos con la policía en los departamentos de Oruro, Potosí, Beni y Santa Cruz.

La medida de presión se concentra principalmente en el departamento de Cochabamba, donde uno de los bloqueos se encuentra en Cruce Vacas, en el sector que conecta con Rodeo, otro punto significativo está en la frontera entre Santa Cruz y Cochabamba, en el Puente Ichilo, cerca de San Germán, y en la zona de Pirque de Parotani.

De esta forma las principales rutas comerciales y de transporte de pasajeros de Bolivia se hallan comprometidas.

  • a) Intervención del bloqueo de Caracollo – La Paz

La mañana del lunes 21 de octubre, aproximadamente 80 personas iniciaron el bloqueo organizado en el sector de Caracollo que une la ciudad de Oruro con La Paz, la Policía intervino, y como resultado de esta acción, cuatro personas fueron aprehendidas, una de ellas tenía en su poder Bs 4.000, cantidad ínfima, que en opinión de la policía no justifico y se presumió era destinada con fines delictivos.

  • b) Intervención del Bloqueo de Parotani, viernes 25 de octubre.

La Policía llevó a cabo un intenso operativo de desbloqueo en Cochabamba para restablecer el tránsito en la ruta al occidente, específicamente en el tramo Parotani-Suticollo, en un contexto de alta tensión. Desde primeras horas, un contingente policial, de mil uniformados aproximadamente, apoyado por maquinaria de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), enfrentó resistencia de los manifestantes. A las 6:00 de la mañana, la Policía liberó temporalmente la vía en Vinto y varios puntos menores de bloqueo, y continuo su avance hacia Parotani a mas de 15 km de distancia, pero los manifestantes rápidamente retomaron el control. Con el avance policial, aumentó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se refugiaban en las colinas cercanas.

Durante el operativo, se produjeron enfrentamientos violentos que dejaron varios heridos.

El operativo no logro luego de más de dos horas de enfrentamiento en la zona de Pirque en Parotani doblegar a los manifestantes, el uso de gases y balines, enfrento a piedras y en última instancia dinamita desde los cerros circundantes, siendo vencido el contingente policial y contando también con heridos, decidieron abandonar la zona.

Evo Morales responsabilizó al presidente Luis Arce de los enfrentamientos, acusándolo de ordenar en represalia una intervención ilegal con cerca de 200 militares equipados con dispositivos antidisturbios, advirtiendo que cualquier derramamiento de sangre será responsabilidad del gobierno, cuya presencia ya se hizo evidente en la zona de Vinto en Cochabamba.

La victoria de la movilización, conto con el saldo de 44 detenidos que se encuentran a la espera de la definición de su estatus legal, así también, e indirectamente ligada al enfrentamiento, una persona de la tercera edad falleció en su hogar debido a una afectación por los gases lanzados durante la represión.

 

 III. La construcción de argumentos de violencia para la radicalización de la represión.

  • a) Denuncias sobre Armas en Bloqueos de Bulo Bulo, Puente Ichilo

La reciente denuncia de la Policía Boliviana sobre la supuesta posesión de armas en los bloqueos de Bulo Bulo y las declaraciones de su comandante en Cochabamba, Rolando Rojas, junto con la presentación de un video que pretende evidenciar amenazas contra oficiales, plantea interrogantes y dudas.

  1. Incongruencias en el Uso del Video como Prueba

La presentación de un video que, según la policía muestra a un manifestante pidiendo una escopeta para atacar a la policía y a una persona armada cubriéndose el rostro y disparando, resulta cuestionable en cuanto a su contexto, autenticidad y el propósito detrás de su divulgación. Es difícil comprender cómo lograron capturar y difundir estas imágenes sin contar con un contexto completo de los sucesos. Aún más, la falta de continuidad visual en el video plantea la posibilidad de una manipulación editada para provocar una reacción pública desfavorable hacia los manifestantes.

2. Ausencia de Evidencias Forenses y Calibración de Impactos

No se ha reportado evidencia de calibres específicos de proyectiles ni de análisis forense que corroboren que efectivamente se trató de armas de fuego en posesión de los manifestantes. En conflictos previos, la policía ha usado material audiovisual para respaldar sus afirmaciones, pero estas han sido refutadas en algunos casos al evidenciarse que los materiales no corresponden a los lugares ni a las situaciones descritas. La falta de detalles técnicos sobre los supuestos proyectiles disparados genera dudas razonables sobre la veracidad de la versión policial y abre la posibilidad de que estos incidentes estén siendo utilizados para justificar una escalada represiva.

3. El Contexto Político y la Criminalización de la Protesta

Es importante considerar el contexto político en el que se produce esta denuncia. La creciente tensión entre el gobierno y los sectores movilizados ha intensificado el ambiente de polarización, donde la criminalización de la protesta se convierte en una herramienta para justificar acciones represivas. Presentar a los bloqueadores como peligrosos y armados puede servir para deslegitimar sus demandas y asegurar el respaldo de la opinión pública a medidas de fuerza.

4. Posible Manipulación de Narrativas a Través de “Falsos Positivos”

La práctica de los «falsos positivos» es un método que ha sido utilizado en otros contextos, en el que se emplean pruebas fabricadas o manipuladas para justificar la intervención armada del Estado en movimientos de protesta. En este caso, la ausencia de una investigación independiente y la dependencia exclusiva en pruebas audiovisuales provistas por la policía podrían estar configurando un escenario similar, donde se crea una narrativa que permita la intensificación de la represión. La facilidad con la que se promueven estas imágenes en redes sociales y medios de comunicación sugiere una campaña cuidadosamente diseñada para desacreditar al movimiento.

5. Dudas sobre la Identidad y Procedencia de los Supuestos Manifestantes Armados

En la denuncia se observa una diferencia significativa entre la vestimenta y apariencia de los supuestos manifestantes armados y las comunidades locales que participan en los bloqueos, generalmente identificadas con indumentaria tradicional y de protección adecuada para el clima del trópico cochabambino. La presencia de personas con atuendos inusuales y que portan armas plantea la pregunta sobre si estos individuos pertenecen realmente a las comunidades que protestan o si su inclusión responde a una estrategia de infiltración para justificar una intervención violenta. Esta incongruencia en la apariencia y actitud de los individuos en el video pone en duda la autenticidad de la denuncia policial.

6. Contradicciones en la Narrativa del Gobierno y presencia de grupos paramilitares

El expresidente Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, ha denunciado la presencia de grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista, que estarían colaborando con las fuerzas policiales en el ataque a este punto de bloqueo, elemento de complejidad a la narrativa oficial, sugiriendo que podría haber fuerzas externas involucradas en el conflicto con el fin de intensificar el enfrentamiento y justificar el uso de la fuerza contra los manifestantes. La falta de aclaración por parte del gobierno sobre las acusaciones, así como la inexistencia de pruebas que desmientan categóricamente su versión, añade una capa de incertidumbre y ambigüedad a los relatos oficiales.

En conclusión ante las inconsistencias y la posibilidad de que esta denuncia esté siendo utilizada como una estrategia para legitimar la represión, la credibilidad de las fuerzas del orden está en juego, y el uso de denuncias sin sustento forense sólido pone en riesgo el derecho a la protesta y la seguridad de los ciudadanos movilizados. Así también se pone en evidencia los acuerdos y alianzas entre el gobierno y sectores de la derecha nacional para enfrentar a las organizaciones sociales.

  • b) Los disparos a la Policía en la Carretera Oruro-Potosí

El reciente incidente en la carretera Oruro-Potosí, donde dos patrullas de la policía boliviana fueron atacadas con disparos, ha generado cuestionamientos significativos sobre la veracidad de los hechos y sus implicaciones políticas. La versión oficial señala que los disparos fueron realizados desde una distancia de más de 500 metros mientras la caravana policial se encontraba detenida, impactando en las puertas del conductor y la carrocería. Sin embargo, varios elementos sugieren una posible puesta en escena o «falso positivo» que justificaría una respuesta represiva del gobierno.

Principales Observaciones:

  1. Patrón de Disparos y Distancia: Los impactos en las patrullas presentan un patrón vertical y concentrado en lugares específicos como la puerta del conductor, lo que requiere una precisión profesional, algo difícil de lograr desde la distancia indicada (500 metros) sin miras telescópicas y entrenamiento especializado. Un fusil Mauser, de uso común en la zona, no tendría la potencia ni precisión requerida, sugiriendo que se usaron armas modernas con calibres superiores al 7.62 mm, como las empleadas por unidades de élite de la policía o el ejército, como los Ranger de Challapata.
  2. Perfil de los Tiradores: Las imágenes de dron muestran a los tiradores con vestimenta urbana (bermudas, cangureras y anillos de matrimonio) y mochilas de marca, algo inusual en los habitantes locales (Laymes y Cacachacas) de la zona, quienes no suelen portar tales accesorios ni tienen acceso a equipo militar moderno. Además, su postura y movimientos denotan instrucción militar y experiencia en tiro de precisión, lo que sugiere que podrían ser uniformados en servicio activo o personal entrenado, y no personas locales.
  3. Inconsistencias en el Uso del Dron: La presencia de un dron de alta resolución en un operativo de desbloqueo de caminos resulta inusual. A pesar de su capacidad, el dron no documentó de cerca los rostros de los tiradores, y sus grabaciones parecen haber sido detenidas intencionalmente cuando los tiradores se retiran. Este hecho plantea dudas sobre el propósito del dron en la operación y sobre quién lo operaba.
  4. Daños en los Vehículos y Falsos Positivos: Los disparos fueron controlados para evitar daños personales, impactando tangencialmente en la carrocería y en los neumáticos en ángulos que evitarían perforaciones letales. Esto sugiere que los atacantes tenían cuidado de no causar muertes, sino solo daños materiales. La precisión y la moderación en los disparos refuerzan las sospechas de una intervención controlada para crear un contexto de violencia sin víctimas fatales.

En conclusión, el incidente parece estar rodeado de inconsistencias y elementos que sugieren un montaje premeditado, con tiradores profesionales, armas modernas y equipo no típico de los habitantes locales. La posibilidad de un falso positivo plantea preocupaciones sobre el uso de estos eventos para justificar una represión aumentada por parte del gobierno, validando la intervención militar y policial sobre las movilizaciones y bloqueos sociales en el país.

  • c) Denuncia: Abuso Policial en Cochabamba

En la madrugada del viernes 25 de octubre, se reportaron movimientos inusuales de vehículos policiales y civiles en los alrededores de las viviendas de dirigentes sociales y políticos de Cochabamba, aparentemente en preparación para un operativo de aprehensión. Sin embargo, la presencia de vecinos que, alarmados y molestos, salieron a protestar, obligó a los efectivos policiales y al personal de inteligencia a retirarse del lugar. En un intento de desviar la atención, algunos de los agentes fingieron estar bajo efectos de alcohol antes de retirarse, un intento por justificar su presencia en la zona.

Este incidente se suma a una serie de acciones represivas que, según denuncias, han sido implementadas por el gobierno. Recientemente, se han establecido varios puntos de requisa policial en el tramo Quillacollo – Parotani, bajo criterios cuestionables y sin justificación legal, lo cual ha obstaculizado el libre tránsito de ciudadanos que no pueden certificar su residencia en el área. Estas acciones reflejan un uso de la fuerza y vigilancia que va más allá de sus atribuciones, afectando derechos básicos de la ciudadanía y la libre movilización de los sectores sociales en Cochabamba.

 

IV. Consideraciones de Contexto Necesarias

  • a) Manfred Reyes Villa y su Alianza con el Gobierno de Luis Arce Catacora

Tras varios años de procesos judiciales y habiendo eludido a la justicia desde el exterior, Manfred Reyes Villa, ex Prefecto de Cochabamba (2005-2007), fue sentenciado por actos de corrupción y manejo antieconómico, basándose en pruebas concluyentes. Sin embargo, en 2021, y de manera inesperada, Reyes Villa fue habilitado como candidato a alcalde de Cochabamba luego de que sus sentencias condenatorias fueran anuladas y se detuvieran diversos procesos judiciales pendientes en su contra.

Posteriormente, se reveló que magistrados responsables de su liberación habían actuado en complicidad con el entonces ministro de justicia, Iván Lima, para facilitar su candidatura y su llegada a la alcaldía. Esta coordinación buscaba, además, fortalecer la oposición a los sectores sociales del MAS-IPSP, evidenciando una alianza estratégica entre Reyes Villa y el gobierno de Luis Arce.

Reyes Villa, conocido por su postura en favor de la privatización durante la Guerra del Agua (2000) bajo el gobierno de Banzer y su apoyo a Gonzalo Sánchez de Lozada durante la Guerra del Gas (2003), ha sido un actor político relevante en eventos críticos de la historia reciente del país. Fue un impulsor del separatismo en Santa Cruz (2006) y ha respaldado grupos armados de extrema derecha, habiendo organizado grupos paraestatales en el llamado «Enero Negro» de 2007 para enfrentar violentamente a sectores indígenas. Desde su retorno al cargo de alcalde en 2021, Reyes Villa ha reforzado su alianza con el gobierno de Arce y ha llamado abiertamente al enfrentamiento contra sectores movilizados, a quienes considera opositores.

Actualmente, Reyes Villa moviliza a la fuerza de Gendarmes Municipales, que ha reforzado con miembros de pandillas y del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala. Además, ha integrado a funcionarios municipales, comerciantes, transportistas derechistas y grupos políticos de derecha y ultraderecha, creando una convergencia con sectores del gobierno alineados con las facciones arcista y choquehuanquista.

La reactivación de esta estructura recuerda el esquema del golpe de Estado de 2019, promoviendo el fortalecimiento de la ultraderecha y sus grupos paramilitares. Este movimiento conjunto podría tener consecuencias graves para la estabilidad y paz social en Cochabamba, y refleja un pacto político que pone en alerta a los sectores populares y organizaciones afines al proceso de cambio.

  • b) Agresiones de grupos paramilitares

La noche del viernes 25 de octubre, mientras cumplía la tarea de llevar una patrulla policial a la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el ex Defensor del Pueblo Nelson Cox fue emboscado por un grupo de miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) a vista y paciencia de la Policía.

Tras detener el vehículo en el que Cox se encontraba solo, los miembros de la RJC comenzaron a destruirlo. Con su cámara de celular en mano, Cox descendió del vehículo e intentó dialogar con sus agresores, indicándoles que estaba solo y pidiendo que detuvieran el ataque. Sin embargo, los atacantes continuaron golpeándolo y llegaron a lanzarle piedras que impactaron en su cabeza.

Este acto cobarde y violento, como se ha visto en anteriores incidentes, podría haber sido coordinado entre algunos policías y esta facción de la RJC. Nelson Cox permanece bajo observación médica. Cabe destacar la articulación de la RJC, la cual cuenta con el apoyo y financiamiento del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y opera bajo la aparente protección del gobierno de Luis Arce Catacora.

  • c) Ajustes para la represión.

Anteriormente el cambio en el mando policial se ha realizado en respuesta a la exigencia del gobierno para intervenir en la movilización, así se puso a mandos policiales golpistas para reprimir la marcha hacia La Paz hace un mes en septiembre, así se cambió los mandos policiales departamentales en Cochabamba para intervenir los bloqueos nacionales el 25 de octubre mediante un megaoperativo, desplegando más de un millar de efectivos que, pese a su fuerza, no lograron desactivar las movilizaciones populares.

Terminados los enfrentamientos del viernes 25 de octubre en Parotani y ante la retirada de las fuerzas policiales, inmediatamente se filtraron las instrucciones a las Fuerzas Armadas a trasladarse hacia el bloqueo de caminos en Khora I y Khora II, disponiendo la intervención militar en estos puntos estratégicos, movilizando casi 200 soldados de Policía Militar, equipados con un arsenal de 40 escopetas, 52 pistolas lanza gases, 84 granadas de triple acción y 20 granadas de gas de mediano alcance, así como otros materiales destinados a la represión, esta intervención en pocas horas seria materializada.

Posteriormente operaria la sustitución en el mando militar, marcando la incorporación de una facción más rígida dentro de las Fuerzas Armadas. Esta decisión parece estar orientada hacia una salida represiva que no contempla el diálogo con las organizaciones sociales, esto también podría requerir la emisión de un decreto que legalice la intervención militar en los bloqueos.

  • d) Atentado a la vida de Evo Morales.

El día de hoy domingo 26 de octubre del 2024, al promediar las 06:20 de la mañana, Evo Morales fue interceptado por tres vehículos en la ruta entre Villa Tunari y Lauca Ñ en el trópico de Cochabamba.

Morales, que se dirigía a su programa dominical en la Radio Kausachun Coca, se encontraba transportado en un convoy de dos vehículos a los que hombres encapuchados y en camionetas les dispararon aproximadamente 14 veces a uno y alrededor de cuatro al otro. Producto de este ataque armado resultó herido uno de los choferes de Morales y los vehículos presentan los característicos daños de impactos de bala de grueso calibre.

Siguiendo el recorrido de las movilidades en las que estaban los que dispararon a Morales la población local evidenció su llegada a la 9na División de Villa Tunari, y en gran concentración la población recuperó los vehículos con el permiso del comandante de esta repartición militar indicando que él no tendría nada que ver en dicho operativo que casi mata a Morales y sus acompañantes. Asimismo, la población filmó la llegada y salida presurosa de dos helicópteros militares que presuntamente estarían transportando a los sujetos encapuchados que participaron del operativo casi fatal. Se tiene reporte que solo se recuperaron dos camionetas del intento de asesinato, mientras que el tercer vehículo se volcó y se incendió y fue abandonado por sus tripulantes.

Este hecho se suma a la sistemática violación de Derechos Humanos a las organizaciones y movimientos sociales movilizados, al uso desproporcional de la fuerza por parte de la Policía con grandes cantidades de agentes químicos recientemente adquiridos por el Ministerio de Gobierno y finalmente al apoyo, promoción y utilización de grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, cuya desarticulación fue parte de las recomendaciones del GIEI aceptadas por el Estado boliviano y que el gobierno de Luis Arce Catacora finalmente no solo no tomó en cuenta sino que está haciendo todo lo contrario.

Igualmente, el cambio intempestivo del alto mando militar el pasado sábado 25 de octubre del presente da cuenta de que existiría molestia dentro de las Fuerzas Armadas debido a que varios mandos militares solicitaron al presidente Arce órdenes por escrito para la represión a la población civil, ya que la utilización de las FF.AA. para la represión civil solo se practicó en las dictaduras militares en el marco del Plan Cóndor.

Existe el riesgo de que el gobierno de Arce aún pueda hacer aún pueda llevar al país a una nueva escalada de violencia dictando estado de sitio y contra el pueblo movilizado

Pedimos a las organizaciones políticas revolucionarias, a los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional reclamar contra un posible nuevo episodio oscuro en la historia de Bolivia y evitar una masacre.

 

V. La necesaria caracterización y definiciones.

La realidad es dinámica y cambia continuamente, la única posibilidad para entender lo que sucede y encontrar su raíz que nos permita actuar, es entender en largo plazo desde la materialidad y los intereses.

La postura del gobierno apunta a una estrategia de fuerza, sin voluntad de apertura hacia las demandas sociales, y muestra signos de haber negociado con la oligarquía y sectores de la derecha nacional. Es sabido que la cúpula actual acumula intereses financieros significativos que buscan proteger, lo cual podría influir en su resistencia a un cambio de dirección. Además, esta administración ha perdido respaldo popular y ha roto sus lazos con los movimientos sociales; las dirigencias que hoy le expresan lealtad carecen de una base sólida, lo que debilita su legitimidad. Sin apoyo popular y con una relación desgastada con los sectores sociales, su futuro político es incierto, pero está dispuesto a llevar esta confrontación hasta sus últimas consecuencias.

Hoy en día, en base a las decisiones económicas tomadas por el gobierno central, la política de alianzas que derivan de estas decisiones y el cariz que el enfrentamiento por asegurar el poder concentrado en el instrumento político más grande de Bolivia termina en la utilización no solo en el uso excesivo de las fuerzas policiales, así como en la articulación con grupos paramilitares, nos clarifican en que la presidencia de Luis Arce es la de un gobierno contrarrevolucionario.

 

VI. Unidad contra el fascismo y radicalización del Proceso de Cambio.

El camino que ha tomado el gobierno de Arce Catacora ha llevado a la situación política, económica y social a niveles extremos; el inicio de la guerra jurídica con encarcelamiento de disidentes y procesos a todo contrario, la campaña sistemática y millonaria de desinformación, la utilización de la brutalidad policial para reprimir y criminalizar al pueblo movilizado, la amenaza del uso de las fuerzas armadas y la apelación a la base social de la derecha y los grupos paramilitares, están causando muertes heridos y crisis.

El gobierno de Arce no busca abrir ningún espacio de diálogo o de resolución democrática del conflicto, en cambio ha promovido la rearticulación de la ultra derecha y sus grupos paramilitares poniendo en peligro al Proceso de Cambio, lo que nos convoca y a toda la izquierda boliviana a unirse para aplastar al fascismo y retomar una agenda autocrítica de radicalización del Proceso de Cambio que asegure la democracia popular y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo.

Es posible que en las próximas horas se dicte un estado de sitio y que se busque encarcelar a dirigentes de las organizaciones sociales, mientras la resistencia popular pacífica se hace más presente. El único camino revolucionario para el pueblo es la unidad contra el fascismo y radicalización del Proceso de Cambio.

 

MG

Bolivia, 27 de octubre 2024

 

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