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Un gravamen, impuesto o tributo a las grandes fortunas en Bolivia es una necesidad del momento.
La posibilidad de aplicar este impuesto en el país se alza en un momento de grandes dificultades por la crisis sanitaria y las secuelas que esta ha provocado, amén de la desastrosa gestión de los golpistas que asaltaron las arcas nacionales y destruyeron la economía. Huelgan más palabras al respecto que está a ojos vista.
Una lógica elemental nos dice que los que más tienen deben aportar más. Los que acumularon una riqueza considerable dentro el país, en base a los recursos naturales, el mercado interno, las exportaciones, la banca, la inversión especulativa, la construcción, el agro y el comercio, que son todos ellos procesos productivos sociales y no individuales, deben devolverle como aporte, una pequeña parte de lo que el país les permitió y lo que la fuerza de trabajo creó. Sin la fuerza de trabajo y los recursos naturales no existe creación de riqueza alguna. La riqueza en manos de unos cuantos, cuando su creación es fruto social, solo es posible debido al sistema capitalista vigente que concentra la riqueza en manos precisamente de los que no la generan, en manos de empresarios e inversionistas. Esta es la primera razón por la que un impuesto a las fortunas es éticamente justa y necesaria.
Es verdad que Bolivia tiene un grupo reducido de personas y/o empresarios que pueden ser considerados sujetos de grandes fortunas, en razón del tamaño de nuestra economía, pero no menos posible como lo acumulado por Patiño en una economía aún más pequeña en esa época. Existe por supuesto una diferencia con las grandes fortunas acumuladas en otros países de América Latina.
La propuesta del actual presidente Arce de un impuesto a las grandes fortunas para amortiguar las emergencias del momento que ayuden a superar la pandemia y la crisis generada debe contar con el respaldo de toda la población, debido a que es posible y necesaria. Cuenta con el total consentimiento nuestro y de seguro con todos los sectores sensibles contribuyentes de esas fortunas.
Con una alícuota de 2.5%, por única vez, para quienes poseen más de un millón de dólares, sobre los patrimonios personales específicamente y no de empresas –que provoque la alarma de que se estaría descapitalizando a las mismas–, puede ser la característica de cómo se aplique el tributo. Iniciativas específicas se aplican hoy en otros países de la región como Colombia y Uruguay para personas naturales y jurídicas, para no residentes, incluyendo bienes en el exterior y otras características, pero siempre en la línea de que las grandes fortunas contribuyan en el actual momento de crisis generalizada.
Las dificultades administrativas que demanda la aplicación de este impuesto deben ser sorteadas, pues es de todos conocida la ausencia de registros y controles cuando en el país las prácticas de la doble contabilidad, la evasión fiscal, las históricas subvenciones estatales y los paraísos fiscales son una cultura del capital, de donde también viene parte de esas fortunas.
Los millones de ciudadanos que viven de una economía del día ya contribuyeron y continuarán contribuyendo en la actual situación de crisis. Que lo hagan los que amasaron fortunas. La renuencia con argumentos mezquinos como que el volumen de recursos será mínimo a lograrse con esta medida y otros justificativos, definen la necesidad de políticas más audaces de redistribución de la riqueza que los potentados no compartirán de buena voluntad.
Baco
