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El pasado 23 de junio, tras una conferencia de prensa de dirigentes de la Coordinadora Popular por la Defensa de la Democracia y la Vida de Cochabamba, en un gran operativo fueron detenidos por agentes de civil Lucy E., Osvaldo G. y Remi C., justo cuando se disponían a llevar ayuda en alimentos y equipos de bioseguridad al Trópico de Cochabamba, territorio castigado por el régimen por su casi unánime apoyo al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Tras una tortuosa detención en celdas policiales y frente a la incertidumbre de abogados e instancias de defensa de los Derechos Humanos, los detenidos fueron sorpresivamente trasladados a la ciudad de La Paz. Ya en la sede de gobierno y bajo presión abierta del Ministerio de Gobierno, la autoridad judicial resolvió la detención preventiva en cárceles paceñas por un mes para Lucy E. y Osvaldo G., y seis meses para Remi C.
Las pruebas presentadas contra de los acusados, por sedición y terrorismo, son básicamente chismes que carecen de sustento material, sin embargo, el hecho de que Lucy E. sea candidata a primera senadora suplente por el MAS en Cochabamba, es decir, la suplente de Evo Morales, tiene mucho que ver, además de que pertenecen a una de las pocas organizaciones sociales con capacidad de movilización.
Esto motivó que inmediatamente se instalaran varios puntos de bloqueo en la Zona Sur, los que demandaban la liberación de los tres presos políticos.
El 2 de julio, un temprano operativo policial incurrió con violencia a un punto de bloqueo siendo detenidas cinco personas en el lugar; dos menores de edad y tres jóvenes mayores. Como se ha vuelto característica, el arresto es ilegal y, aunque se recurre a una vaga interpretación de los supuestos delitos de “atentado contra la salud pública” y “sedición y terrorismo”, la instancia judicial dictó la libertad condicional para que los acusados (¡incluidos los menores!) pudiesen defenderse en libertad.
No conformes con un escenario en el que los ataques cohesionan a la resistencia popular, las autoridades del régimen instruyeron la intervención violenta de los bloqueos el 4 de julio, en un nuevo operativo policial y militar que enardeció a las y los vecinos que reaccionaron a la gasificación de sus viviendas y lograron que militares y policías, a la cabeza de un Viceministro, terminaran huyendo despavoridos.
El régimen acusa, dice que no eran pobladores del lugar, que usaron explosivos, que tomaron rehenes, que hirieron a muchos policías, pero los medios de comunicación reflejaron el hecho tal como fue: un acto de uso desproporcionado de la fuerza pública que terminó mal, y en el que los vecinos reaccionaron con lo único que podían encontrar, piedras.
Derrotados, las autoridades del régimen recurrieron el 5 de julio a otra carta activando al grupo paramilitar “Resistencia Juvenil Cochala”, quienes, movilizados en motos y camionetas, salieron en plena restricción vehicular por la pandemia a tapiar las puertas de la alcaldía exigiendo la renuncia del Alcalde, exsocio de la ultra derecha, para luego dirigirse a la vivienda de la Gobernadora de Cochabamba y, en un acto intimidatorio y escandaloso, echar basura en una vivienda aledaña. Asimismo, la pandilla amenazó con cortar el suministro del agua a la populosa Zona Sur, epicentro de los conflictos.
Las acciones de los paramilitares son repudiadas por la mayoría de la población y no causan el efecto deseado de apoyo ciudadano que incluso podría conllevar a un (auto) golpe militar, hasta terminar por desinflarse. Razón por la que las autoridades del régimen se ven obligadas a aceptar un diálogo que propicia la Defensoría del Pueblo.
En este diálogo, que terminan abandonando los personeros del gobierno, el 11 de julio se establece un acuerdo con un cuarto intermedio en las movilizaciones mientras que se atienden varios puntos referidos a la salud y la educación, pero al imposibilitarse una solución directa con la libertad de los presos políticos, se conforma una Comisión Interinstitucional.
La tensión de fondo se mantiene; por un lado las fuerzas populares en su afán de reconstituirse y con ello a las libertades democráticas y por otro, el violento intento del régimen por proscribir a lo popular.
