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A diferencia de la gran mayoría de las dictaduras cívico-militares de los 60 y 70, la chilena, encabezada por Augusto Pinochet –tras el derrocamiento de Salvador Allende y la Unidad Popular en 1973–, se propuso refundar el país con un programa económico y social, sobre la base de un patrón de acumulación del capital y explotación de la mano de obra, inédito en la historia: el neoliberalismo.
Fue así que el neoliberalismo chileno, pionero en esta parte del globo, fue impuesto literalmente “a sangre y fuego”, blindado mediante una recia Constitución, aún vigente, que imposibilita cualquier cambio estructural por la vía legal.
A casi medio siglo de aquello y habiendo tenido como consecuencia una sociedad profundamente desigual, con la privatización de los servicios básicos, así como ríos y parcelas de mar, entra otros tantos bienes comunes: el 18 de octubre de 2019 la población salió a las calles y estalló.
Con una lucidez pocas veces vistas, los reclamos por una educación pública, gratuita y de calidad; mejoras en el sistema de salud; fin de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) –pilar del sistema–; entre otros, confluyeron en una petición llamada a barrer con el oscuro pasado: una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.
Ante el hecho palpable de que lo que se lleva a cabo no es un “estallido social” ya que la movilización popular, fuertemente reprimida, ha sido sostenida durante 12 meses en las calles –lo que en otro momento histórico y con otras condiciones no sería otra cosa que una situación prerrevolucionaria–, a la burguesía y sus políticos de turno no les quedó otra opción que convocar un Plebiscito para que la ciudadanía decidiera en las urnas qué hacer.
El resultado de la consulta, llevada a cabo el pasado 25 de octubre, arrojó un resultado contundente: 1) El 78.27% de los sufragantes se inclinó por una Nueva Constitución; y 2) El 78.99% de los mismos cree que debe hacerse vía Convención Constituyente, es decir, con el 100% de los delegados electos por el pueblo.
De esta forma, el 11 de abril de 2021 chilenas y chilenos concurrirán otra vez a votar para elegir a las y los constituyentes, esta vez con algo inédito a nivel mundial: el 50% de los encargados de hacer la Nueva Constitución deben ser mujeres. También habrán escaños reservados para naciones originarias.
El pueblo debe en estos meses enfrentar con audacia el desafío de superar las barreras legales que le impidan postular a constituyentes representativos y legítimos, además de diseñar plataformas programáticas que viabilicen el camino a una sociedad más justa y equitativa. Mientras tanto, en estos días, millares se congregan en las calles de todo el país al grito de: “No + AFP”, en lo que es otra estocada al corazón mismo del neoliberalismo.
Javier Larraín
