II NACIONAL I La penetración del narcotráfico en el Estado I MAYA Nº 63 II

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Al analizar este problema debemos recordar que el Estado boliviano fue penetrado en sus estructuras gubernamentales y administrativas desde el inicio de operaciones del tráfico ilícito de drogas. En 1972 se creó la Dirección Nacional de Narcóticos de la Policía Nacional para el control de drogas peligrosas, que luego dio paso a la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y su Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar) creadas en 1987, estructura que comenzó a funcionar con apoyo de las Fuerzas Armadas, específicamente la Fuerza Aérea.

Es necesario recordar algunos hitos de esta penetración, como el caso del laboratorio de cristalización de cocaína de Huanchaca, en 1986, durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estensoro y su ministro del Interior Fernando Bartelemy. Esta megafábrica era regentada por la propia DEA, para financiar sus guerras en Centroamérica y otras partes del mundo. El financiamiento de la campaña del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1987, por Isaac Oso Chavarría y Marcelo Neco Domínguez en el hecho llamado “narco vínculos”, que concluyó con el encarcelamiento de Oscar Eid Franco y la quita de la visa estadounidense al presidente Paz Zamora y varios de sus ministros. El caso del narco avión detenido el Lima, Perú, con cuatro toneladas de cocaína en 1995, durante el gobierno del MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada, bajo fuerte sospecha de intervención de la DEA y la CIA. Luis Amado Pacheco, alias Barbas chocas, se inculpó en este caso y se taparon las investigaciones.

Sin embargo, desde antes de la creación de Umopar y la promulgación de la Ley 1008, de control de la producción y tráfico ilícito de drogas, la Policía fue contaminada por el narcotráfico, con diferentes casos de involucramiento, cuyo mejor indicador fue el crecimiento de barrios con edificaciones de alto costo en manos de uniformados en las principales ciudades, especialmente Cochabamba y Santa Cruz, a la par de inversiones en el área de la construcción como parte del lavado del dinero del narcotráfico.

Cuando se creó la Felcn y se estableció su cuartel de Umopar en 1987 en Chimoré, Trópico de Cochabamba, los comandantes de ese cuartel solo duraban, por así decirlo, tres meses en el cargo, dada la presión de otros jefes para ocupar este cargo y disfrutar de los pagos de protección de las tres líneas de narcotraficantes que operaban en las décadas de los 80 y los 90, sin olvidarnos del narco cuartel de Puerto Villarroel, manejado por el coronel Oswaldo Pablo Justiniano Vaca, alias Sácate Justiniano, que fue apresado luego en el departamento de Pando. El Ejército Nacional contaba con trancas de control de varias sendas del Trópico de Cochabamba, donde aterrizaban avionetas para el trasiego de droga y dinero, bajo la protección de pequeña unidades ubicadas en puntos estratégicos, a plena luz del día y la mirada cómplice de los pobladores.

El golpe de Estado de 1980, liderado por García Meza y Arce Gómez, fue la cúspide de la intervención del narcotráfico en la política criolla, con un narcotraficante ya famoso a nivel internacional, Roberto Suárez Gómez, Rey de la cocaína, principal proveedor del cartel de Medellín (Colombia) en las décadas del 70 y 80, financista del golpe de Estado, y que en 1983 ofreció al presidente Hernán Siles Suazo, pagar la deuda externa del país.

Los últimos acontecimientos vividos en Bolivia con el caso del narcotraficante uruguayo nos muestra claramente que la penetración del narcotráfico en el Estado ha sido y sigue siendo importante y permanente, con hitos de acontecimientos que se desarrollan ante los ojos del pueblo inerme. Es imperativo admitir la descomposición total de la Policía Nacional y el sistema judicial, penetrados por la corrupción convencional y principalmente por el narco tráfico, siendo inviable cualquier intento de mejoras en su funcionamiento.

Ante esta realidad, debemos enfatizar la necesidad de reformular nuestras políticas y estrategias nacionales para avanzar en una lucha real contra el tráfico ilícito de drogas y la corrupción convencional. Entre ellas:

Cambios estructurales dentro el sistema judicial que garanticen idoneidad, verdad, justicia y eficiencia en el desenvolvimiento de jueces y fiscales, con un sistema de control social eficiente.

Cambio total en la Policía Nacional, con la creación de una estructura nueva que contemple unidades policiales de élite, adecuadamente entrenadas y pagadas, con el apoyo de un sistema especial de normas y procedimientos ágiles y transparentes, fiscales y jueces especializados, protegidos y recompensados adecuadamente por el Estado.

Reducir la producción de hoja de coca limitado al consumo tradicional con métodos orgánicos y ecológicos, apoyados por una asistencia técnica especializada y ayuda económica a los productores y zonas cocaleras, para encontrar y desarrollar otras alternativas productivas y económicas, de manera participativa, ajustadas a las potencialidades y limitaciones en cada región productora de coca. Opciones existen, solo falta decisión y voluntad de los actores sociales y políticos.

Establecer un sistema tecnificado e integrado de control del trasiego de drogas desde y hacia los países vecinos, con un sistema de información compartida a nivel regional y sistemas modernos de monitoreo terrestre, fluvial y aéreo.